Los nuevos procedimientos de disolución y liquidación de sociedades mercantiles

Por Gustavo Maldonado Lima

El 24 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Éstas entrarán en vigor el 25 de julio de 2018, es decir, seis meses después del día siguiente de su publicación.

Algunas de las modificaciones más importantes en lo que se refiere a la disolución y la liquidación de sociedades mercantiles son las siguientes: las sociedades podrán disolverse por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, aparte de las ya existentes, con base en las fracciones I a V del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente. Cuando exista causa de disolución de la sociedad, la disolución se deberá inscribir inmediatamente en el Registro Público de Comercio.

Si a pesar de dicha causal no se inscribe la disolución, cualquier interesado puede acudir ante la autoridad judicial para que se ordene el registro de la disolución. (AUTORIDAD JUDICIAL: cortes, tribunales o jueces de un país que tienen a su cargo la administración de justicia).

Cuando se inscriba la disolución de una sociedad sin que a juicio de algún interesado haya causa para su registro, podrá recurrir a la autoridad judicial en los siguientes treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción para demandar la cancelación de la inscripción. En los casos en que la disolución sea resultado de una resolución judicial, se aplicarán los medios de impugnación correspondientes.

Cuando el contrato social no esté disponible, la autoridad judicial podrá nombrar a los liquidadores; en los casos en que la disolución sea resultado de una resolución judicial, el nombramiento se podrá hacer a petición de cualquier socio.

El nombramiento de los liquidadores se podrá revocar por acuerdo de los socios si cualquiera de ellos justificase la existencia de una causa grave para que los liquidadores realicen su función, salvo que el procedimiento de nombramiento del liquidador se llevase a cabo conforme al artículo 249 bis 1 de la Ley de Sociedades Mercantiles.

Los liquidadores que tengan el balance final aprobado de la liquidación lo depositarán en el Registro Público de Comercio. Además, deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y los papeles de la sociedad en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología según lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que, para tal efecto, emita la Secretaría de Economía. En el caso de disolución o liquidación, el plazo de conservación de la documentación es de cinco años.

Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al procedimiento que marca el artículo 249 bis 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre y cuando la sociedad:

I.- Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas;

II.- No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta ley;

III.- Hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

IV.- No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años;

V.- Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social;

VI.- No posea obligaciones pecuniarias con terceros;

VII.- Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales;

VIII.- No se encuentre en concurso mercantil; y

IX.- No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación especial aplicable.

El procedimiento de disolución y liquidación se realizará conforme a lo siguiente:

I.- La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y la liquidación de la sociedad y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas.

II.- Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido anteriormente.

III.- Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, los libros y los documentos de la sociedad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de disolución y liquidación;

IV.- El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o accionistas de forma proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere, en un plazo que no excederá los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de disolución y liquidación;

V.- Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de disolución y liquidación;

VI.- Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, que en ningún caso podrá exceder los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de disolución y liquidación; y

VII.- La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio de conformidad con el Reglamento del Registro Público de Comercio y notificará a la autoridad fiscal correspondiente.

CONCLUSIÓN

Por medio de esta reforma se incorpora un nuevo supuesto de disolución de las sociedades mercantiles, el cual se promueve mediante una resolución judicial o administrativa decretada por un tribunal competente, cuyo motivo deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Es importante decir que este nuevo procedimiento dispone que, en caso de que los socios o accionistas faltaren a la verdad, afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero al utilizar este nuevo camino, deberán responder frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en materia penal.

A toda luz, este sistema de disolución de Sociedades Mercantiles busca ser lo más transparente posible al hacer de la Secretaria de Economía la autoridad revisora y el órgano que regulará dicho trámite de disolución. Así, esta dependencia deberá autorizar los movimientos que realice cualquier sociedad mercantil mediante la emisión de una boleta (documento con firma electrónica y sello digital de tiempo con una cadena única de datos) que hace constar una operación en el sistema. Sin ella, no se podrá dar por concluido el trámite de disolución y liquidación de las sociedades mercantiles.

El Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) entró en operación el 15 de junio de 2015 y muestra diversos actos mercantiles que requieren divulgación conforme a las leyes de las que emanan las disposiciones correspondientes.

De acuerdo con el artículo 50 bis del Código de Comercio, las publicaciones que deban hacerse conforme a las leyes mercantiles se ejecutarán por medio del sistema electrónico que para tal intención establezca la Secretaría de Economía y surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación.

Las personas que pueden registrarse y publicar en el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles son las siguientes: representantes legales de personas morales, usuarios autorizados de personas morales, servidores públicos de la Secretaría de Economía y comisarios de las personas morales.

Además, cualquier persona podrá consultar la información que publiquen las personas morales en el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles. Cabe señalar que la disolución de sociedades mercantiles no produce la extinción de las relaciones sociales ni la del ente jurídico. Así, el artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles determina que las sociedades, aún después de haberse disuelto, preservarán su personalidad jurídica para los propósitos de la liquidación.

De esta manera, se busca que las sociedades se disuelvan por las causas legales asentadas o por voluntad de los socios, sin que ello termine con la sociedad. Más bien, se pretende inciar un proceso encaminado a la liquidación legalmente organizada, con vistas a proteger a los involucrados que tengan intereses relacionados con la sociedad y hasta a los propios socios.

Una vez disuelta la sociedad, establece el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se pondrá en liquidación. Ésta es la fase final del proceso. En general, la liquidación tiene por objeto finalizar las operaciones sociales inconclusas, cobrar las cuentas por cobrar de la sociedad y pagar las cuentas que se deban, así como vender los activos y realizar el reparto del haber o patrimonio social entre los socios.

Sólo una vez pagadas las deudas sociales se podrá llevar a cabo la distribución del remanente del patrimonio entre los socios. Ahora bien, la liquidación se llevará a cabo según las reglas que la ley haya establecido para cada tipo de sociedad. La liquidación finaliza con la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio y el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Con ello, la sociedad queda extinguida.

2018-05-29T21:47:32+00:00 mayo 29, 2018|Blog|0 Comments