La Economía Digital en México | Ley Fintech Parte 1

Dr. Daniel Zavala Estrada
Lic. Elizabeh Roxana Machaca Mamani

Antecedentes

Desde épocas prehistóricas el hombre ha tenido que innovar y desarrollar habilidades y aptitudes para satisfacer sus necesidades básicas. Así se descubrió el fuego, se inventó el lenguaje y se creó la agricultura. Desde entonces, innumerables descubrimientos y avances tecnológicos han transformado constantemente la manera en que vivimos.

La ola de cambios más reciente es producto de la revolución tecnológica de nuestros tiempos. Desde la mitad de la década de 1990, el uso del internet se expandió en el mundo entero, transformando prácticamente todos los ámbitos de la vida: la educación, el comercio, la medicina, etc.

El término “economía digital”, acuñado por Don Tapscott en su libro La economía digital: promesa y peligro en la era de la Inteligencia en redes (1997), también es producto de esta revolución tecnológica. La economía digital es un sistema sociopolítico y económico caracterizado por un espacio inteligente que se compone de información, instrumentos para consultar y procesar dicha información y capacidades de comunicación (Carley, 1999).

En el informe The Emerging Digital Economy, elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en 1998, se identificaron por primera vez los componentes de la economía digital. Éstos incluyen, por ejemplo, la industria de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), el comercio electrónico entre empresas, la distribución digital de bienes y servicios y la venta de bienes tangibles por medio de internet.

El Comercio Digital en México

México no ha quedado indiferente ante el acelerado avance tecnológico, la intensa competencia mundial y el crecimiento de negocios en internet. La apertura de tiendas en línea, las transacciones bancarias mediante dispositivos móviles y la prestación de servicios profesionales mediante videoconferencias son algunos ejemplos de cómo el comercio digital ha proliferado en el país desde el siglo pasado.

Dadas estas circunstancias, en México no tardaron en surgir empresas de tecnología financiera como EGLOBAL, PROSA, TMSourcing y otras empresas relacionadas con la Bolsa Mexicana de Valores, como BURSATEC y MEXDER. En el siglo XXI tomaron forma empresas como Buró de Crédito y Círculo de Crédito con el tema de big data, y figuras jurídicas como las “sociedades financieras de objeto múltiple” —que realizan actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero— terminaron de sentar las bases para lo que hoy se conoce como el sector fintech.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el término fintech deriva de finance techonology y se refiere a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones.

En la actualidad, México es el país con mayor número de empresas fintech en toda América Latina, con 158 start-ups, seguido por Brasil con 130 y Colombia con 77.[1] Además, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), fundada en 1999, la cifra de consumidores de bienes y servicios en línea va en ascenso. Entre las instituciones tecnológicas financieras o start-ups que laboran a través del internet tenemos, por ejemplo, a Clip, Sr. Pago, Prestadero y Coneckta.

La proliferación de las empresas fintech ha roto con el formalismo impuesto por el sistema financiero tradicional. Al actuar como “brokers” o intermediarios virtuales que facilitan el acceso a servicios financieros (pagos, préstamos, remesas, inversiones, etc.), estas empresas atienden las necesidades específicas de cada mercado de la sociedad.

Al mismo tiempo, las autoridades deben desarrollar herramientas que controlen y regulen toda la actividad económica que se lleva a cabo en el mundo virtual. Por tal razón, el Senado de la Republica pretende aprobar la Ley de Tecnología Financiera “fintech”, la cual tiene el objetivo de regular la organización, la operación, el funcionamiento y la autorización de las actividades financieras que se realizan con ayuda de la tecnología.

El proyecto de ley se basa en principios de inclusión financiera, protección al consumidor, preservación de estabilidad financiera, prevención de lavado de dinero y control fiscal, lo cual generará importantes reformas a disposiciones mercantiles, financieras y fiscales.

[1] Fintech Radar México: México se convierte en el mayor mercado Fintech de América Latina | Finnovista. Finnovista. 11 de mayo de 2016. Consultado el 24 de marzo de 2017.

Perfil demográfico del comprador en línea
Compradores en línea por estado

Específicamente, entre las principales figuras que regula el proyecto de ley están las instituciones de financiamiento colectivo, los fondos de pago electrónico y la administración de activos virtuales. A continuación se describe cada una de ellas.

Las instituciones de financiamiento colectivo, o crowdfunding, son un modelo de formación de capital y participación de mercado en el cual las necesidades de financiamiento de proyectos se transmiten a una comunidad mediante una plataforma digital.[2]

Las operaciones que podrán efectuar los clientes son de:

  • Financiamiento colectivo de deuda (préstamos, créditos, etc.)
  • Financiamiento colectivo de capital (compra o adquisición de títulos, que no podrán ser inscritos en el Registro Nacional de Valores)
  • Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías (adquisición de alícuotas, utilidades, pérdidas, etc.)

No podrán participar en estas operaciones de financiamiento colectivo las propias instituciones de tecnología financiera (ITF), las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras y todas aquellas personas que hayan sido condenadas por algún delito financiero con pena privativa de libertad superior a un año.

Las instituciones de fondos de pago electrónico son consideradas por el proyecto de ley como aquellas instituciones que prestan servicios consistentes en la emisión, la administración, la redención y la transmisión de fondos de pago electrónico por cualquier medio de comunicación electrónica o digital (como, por ejemplo, PayPal).

Para considerarse fondos de pago electrónico, éstos deben, entre otras cosas:

  • Corresponder a una obligación de pago a cargo de la institución de fondos de pago electrónico por la misma cantidad de dinero o de activos virtuales.
  • Ser aceptados por un tercero como recepción de una cantidad de dinero o activos virtuales.

Así, las instituciones de fondos de pago electrónico se encargan de realizar operaciones con activos virtuales o representaciones de un valor digital verificable, así como de obtener préstamos y créditos de cualquier persona, nacional o extranjera. Esta modalidad de ITF resalta porque sus operaciones están sujetas a un control riguroso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al incluir en la propuesta de ley a las instituciones de administración de activos virtuales, igualmente se busca regular las actividades que se realizan de manera habitual y profesional por medio de páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación digital. Sin embargo, a diferencia de los fondos de pago electrónico, un activo virtual (criptomonedas, bitcoins, etc.) es una unidad digital de valor basada en el almacenamiento y el intercambio de información electrónica sin respaldo de institución alguna.

En este caso, las actividades reconocidas y permitidas son:

  • Poner en contacto a terceros con la finalidad de facilitar la compra de activos virtuales
  • Comprar y vender activos virtuales
  • Realizar transferencias o pagos con activos virtuales

Dado que el activo virtual no es una moneda de curso legal y no está respaldado por el gobierno federal, el proyecto de ley recomienda a todas las instituciones que utilizan activos virtuales divulgar en sus respectivas páginas de internet todos los riesgos a los que está sujeto el cliente, como la imposibilidad de revertir las operaciones ejecutadas, la volatilidad del valor del activo virtual, etc.

La autoridad encargada de supervisar el cumplimiento y la observancia de este proyecto de ley es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), institución que también tiene la tarea de expedir autorizaciones que permitan a las ITF realizar operaciones. Asimismo, la CNBV tiene la facultad de suspender o revocar las autorizaciones ante faltas graves.

Las ITF, por su parte, tienen la obligación de informar a sus clientes que la empresa requiere una constancia que establezca que están conscientes de los riesgos a los que está sujeta su participación en cualquiera de las tres modalidades de operaciones.

1 Fintech Radar México: México se convierte en el mayor mercado Fintech de América Latina | Finnovista. Finnovista. 11 de mayo de 2016. Consultado el 24 de marzo de 2017.

2 http://www.crowdfundingmexico.mx/

2018-05-22T16:33:23+00:00 abril 9, 2018|Blog, Digital, Economía, Financiero|0 Comments